
El sector de la construcción en Aragón enfrenta graves dificultades debido al alza de precios, lo que ha llevado a que 25 concursos queden desiertos y se bloqueen inversiones por un valor superior a los 10,4 millones de euros en lo que va de año. Esta situación ha generado preocupación, ya que algunas de estas inversiones están vinculadas a los fondos europeos. Pequeñas y medianas empresas del sector advierten del riesgo de cierre si no se toman medidas urgentes.
Pedro Fernández, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, destaca que la decisión de no actualizar los precios perjudica especialmente a las empresas más pequeñas. Según datos de esta entidad, en Aragón se han quedado sin ofertas 25 obras hasta mayo, sumándose a las 109 que quedaron desiertas el año pasado. En total, la inversión bloqueada asciende a aproximadamente 50 millones de euros.
El problema radica en el tiempo de tramitación desde la redacción del proyecto hasta su licitación, en el cual los costes se disparan debido a la inflación provocada por la guerra de Ucrania. Luis Gamón, presidente de la Agrupación de Contratistas Aragoneses de Obras Públicas, explica que durante ese período, que puede durar en promedio 16 meses, los precios se incrementan de manera significativa. El costo del acero, por ejemplo, ha aumentado en un 300%, lo que desalienta a los contratistas a participar en obras en las que perderían dinero.
Los proyectos bloqueados abarcan tanto pequeñas inversiones, como la instalación de fontanería y saneamiento del centro de visitantes del parque nacional de Ordesa, como obras de mayor envergadura, como la construcción de los nuevos pabellones de Garrapinillos y Monzalbarba, así como la ampliación de la red de carriles bici de Zaragoza.
La situación se agrava debido a que algunos de estos proyectos están relacionados con los fondos europeos, los cuales están en riesgo debido a la falta de respuesta administrativa de los entes locales. Esta falta de sensibilidad por parte de los ayuntamientos y comunidades autónomas ha llevado a que obras financiadas por estos fondos no se hayan iniciado.
Ante esta problemática, las administraciones han promovido decretos de revisiones de precios. En el caso de Aragón, se impulsó una regulación que fue recurrida por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional, pero este levantó su veto hace un mes, lo que brinda a las empresas del sector la posibilidad de beneficiarse de esta herramienta de ajuste del mercado. Sin embargo, se reconoce que esto no resuelve completamente el problema, y se solicita a las administraciones que sean más generosas en los precios de licitación.
Además, se destaca la dificultad adicional que enfrenta el sector debido a la escasez de perfiles profesionales para cubrir puestos de conductor, maquinista, encargado y oficial. Se insta a potenciar la formación dual para suplir esta carencia de profesionales en el sector de la construcción




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